El Gobierno de España aprobó el pasado diciembre la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, conocida como ley de start-ups, que se enmarca dentro del plan de reformas acordadas con la Unión Europea para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Estas medidas pretenden incentivar a las empresas emergentes, un sector productivo al alza en los últimos años y que hasta ahora no recibía grandes estímulos como reclamaban los distintos agentes.
Para ello, se han creado diversas medidas con las que se espera transformar poco a poco el sector productivo del país, que actualmente se caracteriza por tener una gran dependencia del turismo y el sector servicios.
¿Qué es una start-up?
La norma considera una start-up a la empresa de nueva creación o de menos de 5 años (7 años en el caso de empresas de biotecnología, energía, industriales y otros sectores estratégicos o que hayan desarrollado tecnología propia diseñada íntegramente en España), independientes de otras empresas, que no coticen en un mercado de valores, no distribuyan ni haya distribuido beneficios, tengan carácter innovador y tengan un volumen de negocios anual de hasta 5 millones de euros.
Esta ha sido la definición que, finalmente, ha formulado el Consejo de Ministros para el proyecto de ley de start-ups, una difícil y polémica tarea, ya que hasta entonces, cuando se hacía referencia a una start-up, la definición más aceptada era la que daba Peter Thiel, en su libro De cero a uno:
Una start-up es una institución humana diseñada para crear un nuevo producto o servicio bajo condiciones de incertidumbre extrema.
La Empresa Nacional de Innovación SA (ENISA), dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo será la encargada de la acreditación de las empresas como start-ups para que puedan acceder a los beneficios establecidos por la ley, y habrá Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) y una Oficina nacional de Emprendimiento que funcionarán como portales o ventanillas de información y acceso a las ayudas públicas.
¿Cuáles son las novedades de la nueva ley de start-ups?
Las principales novedades de la ley de start-ups surgen con ánimo de mejora fiscal tanto para trabajadores como para inversores, así como para ganar agilidad administrativa. En concreto, las medidas fiscales más destacadas regulan aspectos como:
- La tributación de la entrega de acciones a los trabajadores y stock options, elevando la exención de los actuales 12.000 € hasta 50.000 € anuales de retribución en especie como parte de la política retributiva de la empresa.
- La deducción por inversión en empresas de nueva creación se incrementa del 30% actual al 50%, y la base sobre la cual se aplica aumenta de 60.000 € a 100.000 €.
- El artículo 93 de la Ley de IRPF que regula el régimen especial optativo de trabajadores desplazados a España, reduciendo los límites de periodo de no residencia y añadiendo motivos de traslado, así como el beneficio de optar a este régimen por el cónyuge y familiares del trasladado, con condiciones.
- La aplicación de exenciones de las retribuciones en especie también a no residentes.
- La equiparación a la tendencia de los países del entorno, con condiciones, del sistema de retribución a gestores de fondos de inversión al completar una desinversión, con una reducción del 50% sobre la renta del trabajo que iguala la fiscalidad a la renta del ahorro.
A través de las nuevas medidas, el ejecutivo quiere convertir España en un polo de atracción de conocimiento y talento que reforzará la economía del país.
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Descubre cómo¿Cuándo entra en vigor la nueva ley de start-ups?
El proyecto de ley de start-ups que formuló el consejo de ministros deberá ser aprobado por el Congreso de los Diputados y el Senado. Se estima que podrá ser durante el primer semestre de este 2022, no obstante, dependerá de la agenda parlamentaria.
Al estar dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se espera que no se prolongue su aprobación ni que haya modificaciones.
Claves de la nueva ley de start-ups
Agilidad administrativa
El proyecto de ley de start-ups establece la gratuidad de aranceles en cuanto a notarios y registradores en:
- La constitución de nuevas sociedades limitadas, así como en la publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME).
- La creación de la empresa por medios telemáticos sin requerir de trámites presenciales.
- La no obligatoriedad de obtener el número de identificación de extranjeros (NIE) para los inversores no residentes, exigiendo únicamente que tanto ellos como sus representantes obtengan los números de identificación fiscal (NIF).
Con estas nuevas medidas será posible crear una empresa con solo un euro de capital social, de forma que se elimina al mínimo la barrera de constituir una sociedad.
Incentivos fiscales
Las demandas de mejora en relación con los incentivos fiscales existían tanto por la parte inversora como por la trabajadora y por las propias empresas, ya que son muchos los países que cuentan con ayudas de este tipo. Esto generaba un gran agravio comparativo que implicaba la fuga tanto de capital como de talento a nivel nacional y extranjero en ambos casos.
Otra de las demandas de los trabajadores giraba en torno a cambios en las stock options. Una práctica habitual en el sector de las start-ups es complementar la remuneración vía stock options, ya que permite aumentar salarios y fideliza el puesto de trabajo. Muchas ventas de start-ups han hecho surgir empleados millonarios que luego han invertido ese dinero creando nuevas empresas o invirtiendo en ellas.
Con la nueva ley de start-ups, la intención es que las stock options sean más atractivas fiscalmente para los empleados. El límite de la exención de impuestos hasta ahora era muy bajo (12.000 €) y se debía tributar por ellas desde el momento en el que se adquirían, cuando la mayoría de las veces carecen de liquidez y sólo se pueden vender en mercado secundario. Esto suponía en muchas ocasiones tributar por unas acciones que en ningún momento van a repercutir algún beneficio económico.
La nueva ley eleva este límite a 50.000 euros, tributando solo a partir de esa ganancia y solo al venderse, por lo que, si la empresa acaba desapareciendo, el trabajador no habrá pagado impuestos por adelantado de un cobro en especie que nunca se ha llegado a materializar.
¿Cómo afecta la nueva ley de start-ups a los business angels?
La parte inversora también se ha visto beneficiada tal y como se venía reclamando, sobre todo por parte del inversor minoritario, es decir, los business angels. Es importante recordar que este tipo de inversor es el mayoritario en etapas iniciales por lo que incentivar su inversión es primordial para que se creen empresas de este tipo.
Para los business angels en empresas de nueva creación, se incrementa el plazo para la inversión, pasando de tres a cinco años desde el momento de su constitución, pudiendo llegar a siete años en casos determinados, como puede ser el de empresas de biotecnología.
El porcentaje de deducción se eleva del 40% al 50% en la declaración de IRPF y la base de esta se amplía de 60.000 € a 100.000 €, permitiendo también la aplicación de la deducción a los socios fundadores de las empresas con independencia de su porcentaje de participación en las mismas.
La medida más importante para las propias start-ups es la aplicación de un tipo reducido del 15% en el impuesto sobre sociedades durante el primer ejercicio con base imponible positiva y en los tres siguientes desde su fecha de creación.
En caso de necesitar el aplazamiento de la deuda tributaria, esta se podrá aplazar sin garantías ni intereses de demora en los dos primeros años de actividad con base imponible positiva, supeditada siempre a que la empresa esté al corriente de sus obligaciones tributarias. Por otro lado, también se elimina de forma temporal la obligación de efectuar pagos fraccionados durante los dos ejercicios posteriores al primero que presente base imponible positiva.
No obstante, el sector ve esta medida insuficiente porque raramente las start-ups presentan beneficios en etapas tan tempranas.
Por otro lado, también se apuesta por atraer talento e inversión extranjera, para lo cual se aplican medidas de mejora del acceso al Impuesto de la Renta para No Residentes. A día de hoy, para poder acogerse a este régimen se debe demostrar que no se había vivido en el territorio español durante los últimos 10 años. Con la nueva ley, este límite se verá reducido a 5 años, y se amplía el límite de disfrute hasta los 10 años, frente a los 5 actuales, como medida para fomentar que la estancia de inversores extranjeros sea más larga.
Acogiéndose a este impuesto, los primeros 60.000 € de ingresos tributarán al 15% en lugar de a un 24%, lo que supone un gran incentivo fiscal para barajar invertir en nuestro país.
¿Cómo beneficia la nueva ley de start-ups a los nómadas digitales?
Otra de las nuevas medidas incluidas es la que hace referencia a la figura de “nómadas digitales”, es decir, aquellos emprendedores y teletrabajadores que se desplacen a territorio español. Gracias a la penetración del teletrabajo, el volumen de gente que decide irse a vivir a otro sitio está aumentando exponencialmente, ya que no se está atado a vivir cerca de la oficina de la empresa o los clientes para poder desplazarse a diario. España quiere aprovechar su situación privilegiada en términos de buena calidad de vida y seguridad, clima, gastronomía, precios, etc. para atraer a estos nómadas digitales.
Las personas que quieran venir a vivir a nuestro país tendrán la posibilidad de residir y trabajar en España durante 5 años, así como acogerse al régimen tributario especial y tributar por el impuesto sobre la renta de no residentes. Pero la medida no acaba ahí, ya que con el objetivo de repatriar talento tanto nacional como extranjero, se relajan los requisitos generales para acceder a este régimen (pasando de 10 a 5 años el requisito de no residencia previa en España).
¿Pueden beneficiarse las scale-ups de esta nueva ley?
El proyecto de ley de start-ups es una oportunidad perdida para las scale-ups, que cuentan con mucho menos protagonismo en medios dado que sus historias no son tan espectaculares y a menudo pasan desapercibidas.
Las justificaciones a este respecto defienden que la ley de start-ups busca apoyar a las empresas en su momento inicial, en el que afrontan el máximo riesgo, y que el Ministerio de Economía ya aprobó la ley Crea y Crece, que sí está enfocada a las scale-ups.